LUCIDCHART LUCIDCHART
El liberalismo desarrolló nuevas teorías sobre la legitimidad de la monarquía y la
incorporó como institución fundamental en su pensamiento político, pues la Corona ofrecía al
liberalismo la estabilidad de una entidad que representaba la tradición y sirvió de freno a la
revolución social, pero se trataba de un trono que ya no disponía de poder absoluto. A partir
de la muerte de Fernando VII en 1833 y a lo largo de toda la centuria, fue construyéndose un
sistema político fundado en una institución a quien las sucesivas constituciones concedían
amplias atribuciones políticas, pero repartidas con las Cortes: una monarquía constitucional,
con matices entre aquellos textos constitucionales que partían de la soberanía nacional y otros
que se fundamentaban en la soberanía compartida entre el rey y las Cortes, o entre los que
concedían gran poder ejecutivo y legislativo al monarca y otros que lo reducían a poder
moderador y arbitral. Más allá del ordenamiento jurídico, en la práctica, a lo largo del siglo XIX
español la Corona fue muy activa en la acción política del Estado, de manera que la monarquía
constitucional no se transformó en parlamentaria y la democracia acabó identificándose de
forma progresiva con la república(…).
Fernando VII murió como rey absoluto. Su viuda no tenía ninguna intención de realizar
cambios en el régimen político. Sin embargo, el comienzo de la guerra civil y las llamadas de
atención de los generales fieles a Isabel II hicieron que aceptara a duras penas la convocatoria
de unas Cortes que actuaron siguiendo las pautas del Estatuto Real de 1834. El control
ejercido desde las altas instancias de poder por políticos de tendencias liberales muy
moderadas hacía creer que el sistema podría funcionar sin alterar demasiado la evolución que
en un sentido reformista había comenzado ya en los últimos años del reinado de Fernando VII.
Pero las dificultades provocadas por la guerra y el descontento político generaron un caldo de
cultivo en que la explosión revolucionaria se hizo imparable. La necesidad de una constitución
que amparara mayores cotas de libertad y de derechos se hacía cada vez más visible, pero la
reina y sus ministros no parecían darse cuenta de ello. Después del motín de los sargentos en
el sitio de San Ildefonso en el verano de 1836, María Cristina tuvo que jurar la
Constitución de 1812
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